México es pionero y referente internacional en el manejo comunitario de los recursos forestales, pues tiene más de cuatro décadas de experiencia y más de 2300 emprendimientos comunitarios de manejo y aprovechamiento formal de sus bosques y selvas.
Existen múltiples factores que han permitido esto, pero vale la pena destacar el importante proceso de lucha por la defensa y recuperación del territorio forestal que comunidades indígenas y campesinas desarrollaron en la década de los ochenta.
México cuenta con 195 millones de hectáreas de superficie; su territorio tiene una peculiaridad: el 53 por ciento es propiedad de ejidos y comunidades1. Estos ejidos y comunidades, llamados también núcleos agrarios, son dueños del 60 por ciento de los bosques y selvas del país, que equivalen a una superficie de 66 millones de hectáreas2.
México cuenta con 200 millones de hectáreas de superficie; su territorio tiene una peculiaridad: el 53 por ciento es propiedad de ejidos y comunidades1. Estos ejidos y comunidades, llamados también núcleos agrarios, son dueños del 32 por ciento de los bosques y selvas país, que equivalen a una superficie de 62 millones 629 mil hectáreas2.
El modelo de manejo forestal comunitario no comenzó a gestarse con el reconocimiento oficial de la titularidad de la tierra a los ejidos y comunidades.
Aunque la Reforma Agraria permitió este reconocimiento legal de la propiedad social de los territorios, hasta bien entrado el siglo XX el Estado mexicano mantuvo el control del manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, mismo que concesionó a empresas estatales y privadas hasta finales de la década de los 70.
Entre 1940 y 1980, las comunidades y ejidos reconocidos legalmente como propietarios de la tierra estuvieron limitados a observar cómo sus bosques eran talados por compañías ajenas a ellos, a cambio de cobrar una renta o “derecho de monte”, que era un monto simbólico de dinero por el aprovechamiento de sus bosques, lo cual en la práctica significó una pérdida del control de sus territorios3.
Reunión de líderes comunitarios en San Juan Lachao, Oaxaca.
A finales de la década de los 70, cuando las concesiones de aprovechamiento forestal comenzaron a prescribir, varias comunidades decidieron organizarse para retomar el control de sus bosques. Emprendieron protestas y utilizaron recursos legales para oponerse a la renovación de las concesiones forestales a entes privados y paraestatales y exigieron que se reconociera el derecho de las comunidades y ejidos de manejar y aprovechar sus recursos naturales. Estas movilizaciones de las comunidades lograron generar una presión tal que el Congreso de la Unión decidió cambiar el marco legal para desaparecer el modelo de concesiones y permitir, por fin, que las comunidades dueñas de territorios forestales ejercieran su derecho a aprovechar sus bosques en beneficio propio.
Póster de un encuentro de las Organización por la Defensa de los Recursos Naturales de la Sierra Juárez (ODRENASIJ); integrada por líderes de comunidades que lucharon por recuperar la soberanía de sus bosques. Ver más
Gracias a los cambios en la política forestal y a la capacidad de las comunidades de organizarse internamente, más de dos mil núcleos agrarios gestionaron sus permisos de aprovechamiento forestal y avanzaron (de manera diferenciada) en la apropiación de sus bosques y en el control de los medios de producción4.
De los años ochenta a la fecha, miles de comunidades forestales del país han manejado y utilizado sus recursos naturales a través de acuerdos y prácticas de manejo que restringen y controlan la forma en que se accede a ellos y son aprovechados, y han demostrado el valor de las iniciativas de autogestión y gobernanza comunitaria. A este proceso se le conoce como manejo forestal comunitario, y las comunidades y ejidos son sus principales operadores.
A través del manejo forestal comunitario, las comunidades y ejidos han tenido la posibilidad de tomar decisiones colectivas para la distribución equitativa de los beneficios y para la protección de su territorio. En los últimos 40 años el manejo del bosque se ha organizado de distintas formas: algunas comunidades se han transformado de empresas rentistas (venden los árboles en pie sin agregar valor), en empresas que industrializan o transforman la madera y en empresas que se han diversificado y generan productos y servicios más allá de la producción maderable -ecoturismo, tiendas comunales, embotelladoras de agua, prestadoras de servicios técnicos, viveros, entre otras-, generando con ello más beneficios para la comunidades y nuevas oportunidades de empleo para mujeres, jóvenes y personas avecindadas que carecen de derechos agrarios.
En el país hay más de 2 310 comunidades y ejidos que cuentan con al menos una autorización de aprovechamiento forestal maderable vigente.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), actualmente existen en México 826 empresas forestales comunitarias, las cuales tienen entre sí diferentes niveles de producción y especialización5. Su existencia y permanencia en el tiempo es reflejo de su capacidad de organización, trabajo y adaptación a las condiciones del mercado y a los vaivenes en la política forestal del país.
Gracias a los cambios en la política forestal y a la capacidad de las comunidades de organizarse internamente, más de dos mil núcleos agrarios gestionaron sus permisos de aprovechamiento forestal y avanzaron (de manera diferenciada) en la apropiación de sus bosques y en el control de los medios de producción4.
De los años ochenta a la fecha, miles de comunidades forestales del país han manejado y utilizado sus recursos naturales a través de acuerdos y prácticas de manejo que restringen y controlan la forma en que se accede a ellos y son aprovechados, y han demostrado el valor de las iniciativas de autogestión y gobernanza comunitaria. A este proceso se le conoce como manejo forestal comunitario, y las comunidades y ejidos son sus principales operadores.
A través del manejo forestal comunitario, las comunidades y ejidos han tenido la posibilidad de tomar decisiones colectivas para la distribución equitativa de los beneficios y para la protección de su territorio. En los últimos 40 años el manejo del bosque se ha organizado de distintas formas: algunas comunidades se han transformado de empresas rentistas (venden los árboles en pie sin agregar valor), en empresas que industrializan o transforman la madera y en empresas que se han diversificado y generan productos y servicios más allá de la producción maderable -ecoturismo, tiendas comunales, embotelladoras de agua, prestadoras de servicios técnicos, viveros, entre otras-, generando con ello más beneficios para la comunidades y nuevas oportunidades de empleo para mujeres, jóvenes y personas avecindadas que carecen de derechos agrarios.
En el país hay más de 2 310 comunidades y ejidos que cuentan con al menos una autorización de aprovechamiento forestal maderable vigente.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), actualmente existen en México 826 empresas forestales comunitarias, las cuales tienen entre sí diferentes niveles de producción y especialización5. Su existencia y permanencia en el tiempo es reflejo de su capacidad de organización, trabajo y adaptación a las condiciones del mercado y a los vaivenes en la política forestal del país.
El manejo forestal comunitario en México ha tenido resultados diversos en términos comerciales y empresariales, pero en sí mismo, el proceso ha significado un incentivo positivo para que campesinos e indígenas de miles de comunidades construyan sus medios de vida y patrimonio en torno a él. Por consiguiente, la protección, la conservación y la defensa de estos territorios brota orgánicamente6.
La propiedad colectiva del bosque y la gobernanza que ejercen las comunidades sobre los recursos forestales han asegurado el patrimonio de miles de familias campesinas e indígenas y la protección y conservación de más de diez millones de hectáreas de los terrenos forestales en México7.
A pesar del valor social y ambiental que implica el manejo forestal comunitario, no ha tenido el impulso sostenido que otros sectores sí han recibido como el agropecuario, el turístico o la industria de la maquila. Aunado a esto, el Estado desarrolló, en los pasados 20 años, una compleja carga burocrática para el aprovechamiento sostenible del bosque que no abona en favor de la promoción y fomento de este modelo8. Por el contrario, desalienta a las comunidades y ejidos a emprender procesos comunitarios de manejo de sus bosques y territorios.
El país tiene potencial para aprovechar entre 15 y 18 millones de hectáreas de bosques y selvas9, sin embargo, en 2019 solo había alrededor de 5 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal comercial autorizado (de los cuales 3.7 millones corresponden a propiedad ejidal y 0.7 millones a propiedad comunal), es decir que cuentan con un Plan de Manejo10.
Se estima que México aprovecha entre el 15 y el 22% del potencial productivo que tienen sus bosques y selvas11, situación que ha causado un grave déficit en la balanza comercial por cerca de 7 mil millones de dólares. Sin embargo, la producción maderera de las empresas forestales comunitarias podría cubrir el déficit de 13 millones de metros cúbicos de madera que México importa cada año12, con lo cual se extendería la generación de empleo local e incentivos para la conservación y protección de los bosques y los servicios ambientales que éstos brindan.
El modelo de Manejo Forestal Comunitario representa una alternativa de desarrollo local, en la que México posee múltiples casos de éxito reconocidos a nivel mundial. De acuerdo con algunos especialistas, hay dos características intrínsecas al manejo forestal comunitario que lo distinguen de otras iniciativas: el hecho de ser local y de estar organizados colectivamente para compartir responsabilidades y beneficios13.
El país tiene potencial para aprovechar entre 15 y 18 millones de hectáreas de bosques y selvas9, sin embargo, en 2019 solo había alrededor de 5 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal comercial autorizado (de los cuales 3.7 millones corresponden a propiedad ejidal y 0.7 millones a propiedad comunal), es decir que cuentan con un Plan de Manejo10.
Se estima que México aprovecha entre el 15 y el 22% del potencial productivo que tienen sus bosques y selvas11, situación que ha causado un grave déficit en la balanza comercial por cerca de 7 mil millones de dólares. Sin embargo, la producción maderera de las empresas forestales comunitarias podría cubrir el déficit de 13 millones de metros cúbicos de madera que México importa12, con lo cual se extendería la generación de empleo local e incentivos para la conservación y protección de los bosques y los servicios que éstos brindan.
El modelo de Manejo Forestal Comunitario representa una alternativa de desarrollo local, en la que México posee múltiples casos de éxito reconocidos a nivel mundial. De acuerdo con algunos especialistas, hay dos características intrínsecas al manejo forestal comunitario que lo distinguen de otras iniciativas: el hecho de ser local y de estar organizados colectivamente para compartir responsabilidades y beneficios13.
Algunos de los beneficios que acompañan a estas iniciativas tienen que ver con la creación de empleos, la mitigación de la migración y el fortalecimiento de la organización interna. Los ingresos que se obtienen de la comercialización y transformación de la madera permiten invertir hasta el 30% de sus ganancias en servicios y bienes públicos para las propias comunidades, como la mejora de caminos, escuelas, alumbrado, servicios médicos y diversos apoyos para los miembros de la comunidad14.
Los beneficios sociales, ambientales, culturales y económicos de manejar los bosques son incentivos para procurar su conservación en el largo plazo y hacer frente a amenazas tanto internas como externas, tales como plagas, incendios, tala ilegal, minería, agroindustria, urbanización, crimen organizado, entre otros.
Las empresas forestales comunitarias no solo han demostrado su viabilidad en términos de desarrollo económico, también han probado ser sostenibles ecológica y culturalmente. Por ello, el manejo forestal comunitario debe ser el eje de la política forestal de México.
La alineación de las políticas públicas en torno a este modelo de gestión debería considerarse una prioridad para lograr su transversalización en el manejo integrado del territorio, así como la asignación del presupuesto necesario para su promoción, fortalecimiento y consolidación.
